Decenas de activistas protestaron el domingo en Susa, una ciudad portuaria en el este de Túnez, para exigir la devolución de 282 contenedores de basura doméstica importada ilegalmente de Italia por una empresa tunecina.
Durante el verano de 2020, la aduana descubrió este residuo doméstico, cuya exportación está prohibida por la legislación tunecina y los convenios internacionales, presentado administrativamente por la empresa importadora como residuo plástico “no peligroso”.
Las autoridades italianas ordenaron a la empresa exportadora recuperar sus contenedores en 90 días a partir del 9 de diciembre de 2020, dijo el jueves Jabeur Ghnimi, portavoz del tribunal de primera instancia de Sousse, responsable del caso.
El plazo no se ha cumplido porque los contenedores aún se encuentran en el puerto, según corroboran fuentes.
“No hay justicia social sin justicia ambiental”, gritaron los manifestantes reunidos el domingo para exigir la repatriación de los residuos.
Este caso representa un “crimen contra el pueblo tunecino”, dijo Majdi ben Ghazala, concejal del Ayuntamiento de Sousse.
“Pedimos a las autoridades (tunecinas) que muestren más determinación” para que estos residuos sean devueltos, añadió.
Según Hamdi ben Saleh, un manifestante, otra manifestación está programada para el jueves frente a la embajada de Italia en Túnez.
Veintiséis personas están siendo procesadas en este caso de corrupción, incluidos funcionarios de aduanas y el exministro de Medio Ambiente Mustapha Aroui, quien fue arrestado. Ocho están en prisión y uno está prófugo: el gerente de la empresa importadora.
Este caso, que provocó un escándalo en Túnez, ilustra las ramificaciones del comercio ilegal de residuos, que está aumentando en vista del endurecimiento de las normas europeas.
Este fenómeno es tanto más preocupante cuanto que la infraestructura tunecina no permite que el país trate sus propios residuos.
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