Costa Rica anula tratado de defensa ambiental

El Parlamento costarricense archivó este miércoles la ratificación de un tratado latinoamericano para la defensa del medio ambiente que este país, que se precia de ser abanderado de la ecología, fue inspirador con Chile.

El Parlamento deberá decidir a más tardar este miércoles, al final del plazo máximo de cuatro años, ratificar o prorrogar por cuatro años el plazo para la ratificación del Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre de un suburbio de la capital costarricense donde fue duramente negociado. .

Diputados costarricenses rechazaron por 41 votos contra 11 la propuesta de ampliar el plazo para la ratificación.

Esta votación fue duramente criticada por el diputado Jonathan Acuña, del partido de izquierda Frente Amplio: “hemos pasado así de un país de vanguardia en materia ambiental a un país que es incapaz de aprobar un Acuerdo Internacional sobre derechos mínimos”, dijo. se indignó en las redes sociales.

La diputada del Partido Social Cristiano Melina Ajoy justificó su voto en contra de la ampliación del plazo en Twitter por “las consideraciones de empresarios (…) que consideran que (el tratado) puede poner en riesgo el desarrollo económico” del país.

El gobierno podría proponer un nuevo debate en el Parlamento, pero es poco probable que esto suceda, ya que uno de los principales opositores al tratado es nada menos que el presidente Rodrigo Chaves.

Apenas llegó al poder en mayo de 2022, el Jefe de Estado dejó en claro que el Acuerdo de Escazú no estaba entre sus prioridades. “La iniciativa privada no debe preocuparse (y saber) que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del gobierno”, dijo el presidente Chaves. De ser ratificado, el Acuerdo de Escazú retrasaría “injustificadamente” la recuperación económica de Costa Rica, dijo.

El tratado, adoptado en 2018 tras seis años de arduas negociaciones por iniciativa de Costa Rica, y firmado el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de la ONU, garantiza el acceso a la información sobre el medio ambiente, el derecho a la participación ciudadana en las decisiones que impactan el medio ambiente, así como la protección de los defensores de la naturaleza.

Hasta el momento, 14 países, entre otros, han ratificado el tratado: en particular, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.