Mujeres de zonas rurales, indígenas y afrodescendientes sufren violencia asociada al ejercicio de sus derechos

De acuerdo con “Género e industrias extractivas en América Latina: medidas estatales contra impactos diferenciados en las mujeres”, informe por Derecho, Medio Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en Colombia, Perú, Guatemala y Honduras, países que desarrollaron un modelo económico extractivo de recursos naturales, Son mujeres indígenas y campesinas en su rol comunitario como activistas y defensoras del medio ambiente, que sufren violencia por parte de hombres, tanto compañeros sentimentales como miembros de la comunidad y trabajadores extranjeros, para la implementación y desarrollo de este tipo de proyectos extractivos. en sus territorios.

Según el investigador principal del proyecto, Cristina Blanco, violencia especialmente contra las mujeres es causado por estos actores en varios contextos. Por ejemplo, los trabajadores de empresas instaladas en comunidades buscan agredir y abusar de las mujeres, incluso aquellas que se encuentran en una etapa avanzada de embarazo. También practican actos de violencia contra sus hijos y abusan sexualmente de mujeres jóvenes. Sin mencionar que planean y ejecutan asesinatos, a veces supuestamente “apasionados”, contra líderes de estas comunidades. Blanco, quien elabora el enfoque de género en el informe, destaca un factor crítico para las mujeres: elegir entre los afectos de su familia o los compromisos con la organización, lo que provoca otro motivo de violencia a raíz de su elección, la agresión de sus compañeros, quienes no aceptan que opten por el activismo y la promoción de derechos, y no por la continuidad a tiempo completo en las relaciones afectivas.

En el caso colombiano, la situación es crítica para las mujeres del medio rural o con vínculos étnicos o afrodescendientes debido a la imposición de un modelo extractivo que, según el informe, es el detonante de situaciones de riesgo: “… como ejemplo de los marcos legales que agravaron estos conflictos, en 2001 se publicó el Código de Minería, diseñado para favorecer la inversión privada extranjera mediante el otorgamiento de títulos de concesión sin mayores consideraciones ambientales. Esto ha provocado un aumento de la violencia y graves violaciones de los derechos humanos.”. Hay 37 casos registrados de conflictos socioambientales en los que las mujeres y sus organizaciones involucradas en el rechazo de megaproyectos son ignoradas por las autoridades, quienes niegan la protección necesaria para preservar la vida de las mujeres. En el mapa de este tipo de violencia, 12 casos están vinculados a proyectos extractivos y uno a proyectos de infraestructura, por lo que hay una alerta roja.

Los expuestos en un escenario que normalizó riesgos de todo tipo para los defensores de derechos humanos. El informe destaca que, a pesar del reconocimiento del Estado colombiano de sus limitaciones, el camino es largo para defender la vida de las mujeres incorporando una perspectiva de género y también una estrategia efectiva de protección de derechos. Solo en el período de 2016 a 2018, 342 defensores fueron asesinados en actividades para proteger el medio ambiente y el desarrollo sostenible de sus comunidades. Y hay 462 atacados por organizaciones criminales en 2020.

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