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Agregar declaración del FMI
CIUDAD DE MÉXICO (awp/afp) – El viernes se nombró en México a una nueva ministra de Economía que tiene entre sus prioridades la esperanza de una desaceleración duradera de la inflación y consultas con Estados Unidos para resolver una controversia ‘energética’.
Hasta el momento, la titular de la Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, fue nombrada en reemplazo de Tatiana Clouthier, quien anunció su renuncia este jueves, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente saludó a “un funcionario ejemplar” al frente del SAT.
Bajo su gestión, grandes empresas radicadas en México incrementaron sus aportes (Walmart, IBM, etc.)
El nombramiento fue anunciado el día que el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) anunció una inflación de 0,62% en septiembre, 8,7% en un año, como en agosto.
La inflación “ha tocado techo y comenzará a caer”, pronosticó el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa diaria.
El presidente mexicano presentó este lunes un nuevo acuerdo con las empresas para tratar de contener la suba de precios.
El banco central anunció la semana pasada un aumento adicional de su tasa de referencia en 0,75 puntos hasta un nivel récord de 9,25%, frente a la inflación más fuerte en 20 años.
Un regreso a la baja inflación “probablemente requerirá más aumentos de la política de tasas de interés”, dijo el Fondo Monetario Internacional en un comunicado en México el viernes.
Al término de una misión a México, los expertos del FMI también señalan que los aumentos al salario mínimo decididos por López Obrador “pueden generar riesgos adicionales de inflación”.
El nuevo ministro de Economía también tendrá que gestionar las consultas en curso entre México y sus dos socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Estados Unidos y Canadá están preocupados por las consecuencias de una reforma del sector energético que busca fortalecer la participación del sector público en México.
“Las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias” dentro del tratado, indicó el gobierno mexicano el 20 de julio. Si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos puede solicitar el establecimiento de un mecanismo de resolución de disputas -un “panel”- previsto en el tratado.
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